Esa adaptación implicó un importante énfasis en la corresponsabilidad de lo privado y de la ciudadanía en la construcción de integridad y lucha contra la corrupción pues, por un lado, los empresarios no solamente deben exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, sino que a la vez deben asumir una serie de deberes en relación con la gestión y construcción de lo público, la regulación de los beneficios compartidos y el ejercicio de control social al Estado; y por el otro, la sociedad civil se relaciona con el Estado:

 

• En el campo de la formación donde se puede debilitar o fortalecer el rechazo a la corrupción.

 

• Como sujeto de derechos y deberes políticos, en el marco de lo cual será permisiva o estricta frente a la corrupción.

 

• Y en el campo de la defensa de lo público, cuya herramienta principal es el control social.

 

Adicionalmente, con el objetivo de incrementar su impacto, la ORganización de Líderes Territoriales estableció su estrategia con base en los siguientes criterios:

 

Orientación exclusivamente hacia la prevención del problema y los riesgos de corrupción, dejando en manos de las autoridades competentes la función de investigar y sancionar la corrupción ya existente; producción de información precisa y pertinente sobre la situación de corrupción, intentando profundizar por sectores y priorizando los datos duros sobre los de percepción, creación de herramientas propositivas que siempre ayuden a los involucrados a encontrar salidas y vislumbrar posibilidades reales de mejoras; independencia política frente a actividades políticas partidarias; aportes concretos a través de medios de comunicación para la opinión pública y sin el ánimo de promover escándalos; y enfoque intersectorial que le permite a la Organiación conocer el panorama nacional de la corrupción, y tomar la iniciativa entorno a las problemáticas e intervenir en situaciones que generen impacto.